Una mirada rápida al organigrama de la administración del Estado que publica en su sitio web la Contraloría General de la República permite apreciar la enorme cantidad de instituciones que pertenecen a dicha Administración (sólo a nivel de Ministerios hay 25, sin contar los Servicios Públicos, Superintendencias, etc.) y a su vez la gran complejidad organizacional a la que debe enfrentarse un particular (ya sea una persona natural o una empresa) en sus interacciones con el Estado (administración).
Un primer problema que debe enfrentar un particular frente a la Administración del Estado es determinar a cuál de todos estos Ministerios, Superintendencias, Servicios, etc., debe acudir, por ejemplo, para realizar alguna solicitud u obtener alguna autorización. En ocasiones esto puede ser un asunto complejo, en que incluso las mismas personas funcionarias de dichas instituciones desconocen si tienen o no las atribuciones para ejercer determinadas funciones. En tal evento, una simple solicitud de un ciudadano puede verse reenviada entre distintos organismos, con el consiguiente costo en tiempo y recursos para el particular que realiza la solicitud.
Un segundo problema, es que a pesar de que existen normas de rango legal que obligan a las distintas instituciones que forman parte de la Administración del Estado a actuar de forma coordinada, lo cierto es que en la práctica dicha coordinación es más bien la excepción que la regla, siendo finalmente las personas y las empresas las perjudicadas por la falta de coordinación.
A lo anterior se agrega que, para la mayoría de las personas, el lenguaje técnico propio de la Administración del Estado le resulta total o parcialmente incomprensible, lo que tiene el efecto de alejar al ciudadano o ciudadana común y corriente de las organizaciones que, conforme a lo que establece la Constitución Política de la República, debieran estar a su servicio.
Ante este escenario, es recomendable que, ante cualquier gestión que deba realizarse en una institución del Estado, la ciudadanía se informe adecuadamente, y que siempre que sea posible cuente con asesoría legal adecuada.
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